¿Rebelión en la granja?

La Habana — No se trata de analizar el libro de George Orwell, sino de meditar sobre la incipiente revuelta de los trabajadores cubanos que laboran en empresas extranjeras y embajadas contra la imposición de la Resolución 277-07.

Esta normativa establece que los mencionados trabajadores deberán pagar impuestos por las ”gratificaciones” en divisas que reciben de los empleadores extranjeros, práctica conocida pero legalmente prohibida por las autoridades hasta el presente. Debe subrayarse que en la mayor de las Antillas los trabajadores no pueden contratarse directamente con las empresas foráneas ni las embajadas acreditadas: tienen que hacerlo esencialmente a través de la organización ACOREX en las primeras, y con CUBALSE en las segundas.

Después de minuciosas investigaciones de los solicitantes para aprobar la idoneidad, proceso indispensable para laborar en entidades extranjeras, lo cual significa ante todo ser ”políticamente aceptable”, la persona seleccionada firma un contrato con la firma intermediaria, que establece unilateralmente sus prerrogativas, como cobrar las divisas correspondientes al sueldo del trabajador y pagarles en la depreciada moneda nacional. Si la persona no tiene una conducta adecuada, en particular políticamente, puede ser remplazada de inmediato, aunque la empresa foránea esté complacida con sus cualidades laborales. Según informaciones brindadas por actuales trabajadores, se estima que lo percibido por ellos de ACOREX representa aproximadamente un 5% del salario en divisas al convertirse en pesos corrientes lo recibido en divisas por la tasa oficial. Esto denota los altos dividendos captados por el Estado a través de sus empresas intermediarias, y del significativo aporte de estos trabajadores a la sociedad.

Nadie puede estar en desacuerdo con que los trabajadores cubanos paguen impuestos por sus ingresos, pero como puede apreciarse en el método de contratación vigente, esos empleados abonan una parte considerable de su retribución a innecesarios empleadores estatales que, además, no les dan ningún servicio.

La nueva medida ha provocado gran irritación evidenciada en la reunión efectuada con los empleados asociados a ACOREX el pasado 12 de enero bajo la presidencia de Nelly Cubillas, viceministra de Finanzas, quien presentó la Resolución 277-07 a los asistentes. Las protestas fueron airadas, aplaudidas por los asistentes y sin faltar algunos abucheos a desenfocadas manifestaciones de los funcionarios.

Con esa experiencia se han suspendido otras reuniones programadas para discutir la Resolución 277-07. Todo hace indicar la aplicación de la medida sin mayores explicaciones. Esto se desprende de una carta remitida a los trabajadores de CUBALSE con un plegable adjunto donde está detallado ”cómo proceder en cumplimiento de lo dispuesto”. La misiva informa que el plazo de inscripción en el registro de contribuyentes es hasta el 1ro de abril.

Todo indica una aplicación del impuesto sobre las gratificaciones sin debates adicionales. Una evidente contradicción en un momento que se habla de cambios y es reconocido ”el exceso de prohibiciones y medidas legales que hacen más daño que beneficio”, según dijera el presidente en funciones general Raúl Castro en la última sesión de la Asamblea del Poder Popular, efectuada en diciembre.

La explicación a esta absurda situación pudiera residir en el tradicional y obsesivo deseo de las autoridades cubanas a imponer un forzado igualitarismo en la sociedad, que en la práctica ha destruido al país y generado un acelerado proceso involutivo hacia la miseria generalizada. De esta forma, en vez de elevar el nivel de vida y las perspectivas de progreso a los sectores más necesitados, para disminuir las diferencias entre los ciudadanos, se ha castigado a todo aquel que con sus esfuerzos honestos ha mejorado algo y contribuye más al beneficio colectivo. Un procedimiento por el cual todos hemos sido convertidos en menesterosos, ejecutoria sin relación alguna con nobles ideas sociales.

Si se quiere una relación transparente con los trabajadores que prestan sus servicios en empresas extranjeras y embajadas, deberán ser eliminados todos los arbitrarios y antidemocráticos mecanismos de contratación. En primer lugar, permitir a los cubanos contratarse directamente con entidades extranjeras, sin otro requisito que los méritos de los candidatos, sin discriminaciones por motivos políticos, de acuerdo a una legislación racional respetuosa con los principios aceptados por Cuba en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Paralelamente debe facilitarse la creación de organizaciones sindicales reales con las cuales estos trabajadores puedan defender sus derechos y mantener una relación normal con el empleador foráneo.

De esta forma se podría establecer un impuesto lógico sobre los ingresos totales, de manera que estos trabajadores puedan contribuir también al avance nacional. Esta medida permitiría ahorros extra al poder prescindirse de inmensas organizaciones burocráticas y quedar libre un numeroso personal que podría dedicarse a actividades útiles.

En el aspecto internacional los beneficios serían sustanciales al mejorar la deteriorada imagen del gobierno, al empezar a cumplir acuerdos aceptados mundialmente. Ahora que se quiere alentar la inversión extranjera –una política acertada en línea con las urgentes necesidades de la nación–, la instauración de un clima de transparencia laboral puede coadyuvar considerablemente.

Esperemos que la cordura esté presente en la solución de este problema, creado por desafortunados manejos burocráticos en las relaciones con los compatriotas que laboran en empresas mixtas y embajadas. Ojalá que el sentido común triunfe sobre la tozudez y que pronto podamos ver los anunciados cambios estructurales y de conceptos, en especial en materia laboral, para beneficio de todos los trabajadores cubanos.

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