Activistas denuncian la situación de los indocumentados cubanos retenidos en México

Por: Redacción EER

Defensores de los derechos de los emigrantes acusan de corrupción a las autoridades mexicanas y de abandono a los representantes diplomáticos de La Habana.

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En conferencia de prensa en la sede mexicana de la ONU

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En conferencia de prensa en la sede mexicana de la ONU, el Dr. Jorge Bustamante, Relator Especial para los Migrantes

Grupos defensores de los derechos de los emigrantes en México denunciaron ante un relator de la ONU la situación de los indocumentados cubanos recluidos en estaciones migratorias, acusaron a las autoridades mexicanas de corrupción, y a los representantes diplomáticos de La Habana de desentenderse de los problemas de sus compatriotas.

Según informó a ENCUENTRO EN LA RED Eduardo Matías López Ferrer, presidente de la Asociación Cívica Cubano-Mexicana (ACCM), en marzo pasado su organización y la Casa del Balsero y el Migrante Cubano entregaron, durante un encuentro con el relator de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, un dossier con denuncias de grupos defensores de los derechos humanos, dos de ellos estadounidenses, y artículos de la prensa mexicana que evidencian los problemas de los indocumentados.

López Ferrer calificó de “terrible” la situación de los emigrantes cubanos “asegurados” en las estaciones migratorias de México, y añadió que las autoridades mexicanas son especialmente duras con los “balseros”.

“Asegurados” es el término que utilizan los funcionarios mexicanos para referirse a los ilegales retenidos.

El activista afirmó que los consulados de la Isla en México “no representan, auxilian o visitan a los detenidos”.

“Hasta se niegan a asumir el traslado de los cadáveres de cubanos (balseros o no), desde México, aceptando que los lancen a la fosa común antes que trasladarlos a Cuba para que sus familiares les brinden santa sepultura”, dijo.

López Ferrer, indicó que tras el encuentro con las organizaciones defensoras de los derechos de los emigrantes, el relator de la ONU visitó la estación migratoria de Tapachula (Chiapas), pero los responsables migratorios “desaparecieron a los presos cubanos, ocultándolos en los calabozos de una estación de Policía hasta días después”.

En el documento entregado a Bustamante, la ACCM y la Casa del Balsero y el Migrante Cubano afirman que durante más de dos años han presentado sin éxito quejas, peticiones y denuncias “incluso hasta el nivel Presidencial”. Agregan que la falta de soluciones contrata con las “sobradas demostraciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en cuanto a prepotencia, corrupción e impunidad”.

Los grupos dicen asimismo haber recibido “amenazas indirectas, mediante testigos no dispuestos a declarar”, de que se les prepara un expediente ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para encarcelar a sus activistas.

“Resulta evidente que el INM, lejos de resolver sus graves problemas de corrupción e impunidad, en franco crecimiento, trata cada vez con más frecuencia de crear cortinas de humo descalificando y amenazando a cualquier defensor de asegurados”, señalan.

Disposiciones legales que fomentan la corrupción

En el dossier, las organizaciones alertan sobre la posibilidad de que algunos cubanos sean encarcelados al regresar a la Isla, y sobre disposiciones migratorias mexicanas que consideran fomentan la corrupción en el trato a los indocumentados cubanos.

De acuerdo con los grupos, las disposiciones establecen la imposición de multas de 10.000 pesos mexicanos (unos mil dólares) por cada violación de la Ley General de Población.

Esta sanción “no se la aplican a otras nacionalidades, en una alusión no escrita al equívoco concepto de que todos los cubanos tenemos familia millonaria en Miami”, afirman.

“Esto ha sido caldo de cultivo para todo tipo de extorsión, pagando el cubano, aparte de los 10.000 pesos, una fuerte cantidad (hasta 3.000 dólares) a los funcionarios corruptos para obtener que le apliquen ‘el derecho a multa y al oficio de salida definitiva’, cantidad enviada por los familiares ante el terror y las amenazas de deportación”, añaden.

Según las organizaciones, “la extorsión no se limita a Migración”, sino que se extiende a miembros de la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la Procuraduría General de la República (Fiscalía) PGR, autoridades locales y traficantes.

“Una prueba son las incesantes y mágicas fugas de las estaciones migratorias, como por ejemplo la de Chetumal, Quintana Roo, en septiembre del pasado año, que costó a nueve familias la suma de 5.000 dólares por la salida de la prisión de cada uno, y 4.500 más por cada cubano para que los llevaran a frontera norte”, denuncian en el documento entregado a Bustamante.

“A sus compañeros que no tuvieron el dinero para ‘fugarse’, los llevaron a declarar (…) sin que nada extraordinario sucediera con los jefazos migratorios; los trasladaron a Tapachula, Chiapas, y de allí hacia Cuba, donde permanecen en prisión en espera de juicio por el supuesto delito de piratería”, indican.

Por otra parte, los grupos acusan a responsables cubanos de permitir la entrada por la costa sur de Pinar del Río o La Habana “de grandes embarcaciones, previo pago de derechos, (5.000 por cada traficado)”.

Dichas embarcaciones llegan luego a Cancún o Isla Mujeres “sin que autoridad alguna los moleste”, afirman. “Estos cubanos, cuyas familias en Miami pagan hasta 15.000 dólares para ‘engrasar’ la salida y todo el trayecto, jamás pisan una Estación Migratoria, ni son retornados a la Isla”.

“Sin embargo, los verdaderos balseros, los más vulnerables, los que cruzan el Caribe en improvisadas embarcaciones a riesgo de sus vidas, los que no tienen capacidad económica para sobornar, reciben un trato más que riguroso de las autoridades migratorias de México y de los consulados de su país de origen, los cuales no los defiende ni representan, aceptando su repatriación para encarcelarlos o privarlos de todo derecho, incluyendo el trabajo”, lamentan.

Los defensores de los derechos de los emigrantes aseguran en el documento que entre agosto y diciembre de 2007 se produjeron “al menos y tres fallecimientos por negligencia y maltrato en las estaciones migratorias de Cancún y Chiapas”, y que el INM se ha negado a aportar “toda información al respecto”.

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