La política migratoria

Por: Federico Campbell Peña

Durante décadas, la Ley General de Población castigó, incluso, con años de cárcel, a los migrantes indocumentados en México.

En septiembre de 2007 la Cámara de Diputados despenalizó a los trabajadores sin papeles y en abril pasado, el Senado hizo lo propio. Los cerca de 300 mil migrantes irregulares, en su gran mayoría centroamericanos, que ingresan por la frontera sur rumbo a Estados Unidos cada año, ya no corren el riesgo de ser multados o sentenciados a prisión.

“Cuando llegan a territorio mexicano, si llegan vía terrestre, se les otorga un permiso, un documento de abandono de país posterior a un pago, un pago que ellos tienen que hacer para que puedan salir por cualquiera de las fronteras”, comentó Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales aseguran que los indocumentados en nuestro país siguen siendo víctimas de abusos y excesos, sobre todo en las estaciones migratorias.

“Muchas veces los han dejado hasta sin zapatos, les quitan hasta los zapatos y les ponían hasta clavos para que caminaran y les quitaban el dinero y eso de quitarles el dinero lo he visto con mis propios ojos”, dijo Magdalena Martínez, salvadoreña radicada en México.

“Realmente te tratan como si fueras un criminal. Yo he acompañado a la gente de ahí y los tienen encerrados porque es una cárcel”, expresó Itza Laguna, nicaragüense radicada en México.

La nueva política migratoria nacional fue definida dentro del esquema de seguridad de América del Norte, que incluye a la Iniciativa Mérida, y en el que México se ha convertido en un filtro para evitar una mayor migración a Estados Unidos.

La magnitud de la problemática migratoria quedó al descubierto cuando un comando armado “secuestró” a 37 migrantes indocumentados, casi todos cubanos, durante su paso por Ocosingo, Chiapas, cuando eran llevados a la estación migratoria de Tapachula, en junio pasado.

El gobierno federal respondió reforzando los controles dentro del Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar que los traficantes de personas sobornen a funcionarios de esa dependencia.

“Habremos de seguir colaborando estrechamente con la Procuraduría General de la República, así como con autoridades estatales y municipales para que situaciones como la acontecida hace unos días con un grupo de 37 migrantes no queden impunes”, manifestó Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación.

El hecho de que varios de los migrantes cubanos aparecieron días después en Estados Unidos, evidenció la capacidad de las redes de tráfico de personas en territorio nacional. Asociaciones civiles señalan, incluso, la complicidad del gobierno cubano, acusación que rechazan las autoridades de la isla.

“Cuba está participando en el tráfico de indocumentados. Para evitar los traficantes que sus lanchas sean tiroteadas, el gobierno cubano está cobrando 5 mil dólares por cada cubano que sale de esta forma. Son testimonios de muchos familiares y de personas que han pasado por aquí por México, que han logrado escapar de los mismos polleros”, indicó Eduardo Matías López, de la Asociación Cívica Cubano Mexicana.

“La causa del problema no está en México, ni en Cuba, está en la Ley del Ajuste Cubano de Estados Unidos que incita a la migración ilegal, que permite a los cubanos ingresar indocumentados a Estados Unidos y el territorio de México se está convirtiendo cada vez más en un puente para que los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos lo hagan por la frontera norte”, opinó Manuel Aguilera, embajador de Cuba en México.

Ante esta polémica, el gobierno mexicano intensificó las negociaciones con las autoridades de Cuba para que en septiembre próximo se firme un acuerdo migratorio con la isla cuando su canciller Felipe Pérez roque visite México.

Sin embargo, el tema de fondo sigue siendo la depuración del Instituto Nacional de Migración para garantizar los derechos de los migrantes indocumentados y combatir las redes de tráfico de personas.

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